Un día después de anunciar un acuerdo con Renovación Nacional en torno a una propuesta para modificar el sistema electoral junto a otras reformas políticas, el Presidente de la Democracia Cristiana, Senador Ignacio Walker, formuló un llamado al gobierno y a la UDI para que allanen el camino para este cambio. “Presidente Piñera, ud. desde hace mucho tiempo ha abogado por el cambio del sistema binominal. Ud. Es jefe de Estado, es jefe de gobierno, pero también es líder de la coalición y ud. Le dijo al país, la semana pasada, que si no había acuerdo de las coaliciones, no habría reforma electoral. Pues bien, Presidente Piñera, ahí está el acuerdo. ¿Qué más necesita?”, planteó Walker.

Por ello, dijo, “el país espera y nosotros esperamos que ud. Envíe un proyecto de aquí a marzo para realmente allanar el camino a un cambio del sistema electoral, en beneficio de un sistema de representación proporcional moderado o corregido que permita dos cosas: una adecuada representatividad sobre la base de la proporcionalidad, y una adecuada estabilidad sobre la base de la gobernabilidad”. En este sentido, aseguró que “depende del Presidente tomar esta iniciativa y esperamos que escuche la voz del 70 u 80% de las fuerzas políticas representadas en el Parlamento que, con una sola excepción, la UDI, estamos por cambiar el sistema electoral”.

Asimismo, el Presidente de la DC instó a la UDI a sumarse a este ánimo. “Quiero invitar a la UDI con tranquilidad, con serenidad, con espíritu de reflexión, a dejar la calculadora de lado y ver realmente el interés del país y sumarse a esta propuesta para que no quede sola frente a una modificación que Chile está pidiendo”.

El Senador Walker descartó que este acuerdo con Renovación Nacional implique cambios en el mapa político. “Renovación Nacional ha actuado como partido de gobierno. La Democracia Cristiana como partido de oposición, de la Concertación de partidos por la democracia. Que nadie saque conclusiones equivocadas, que nadie se llame a engaño. Esa es precisamente la ventaja de este acuerdo: que una fuerza política de gobierno y una fuerza política de oposición hemos contribuido a romper el hielo, a tender puentes, a buscar un diálogo que nos permita botar las muletas del sistema binominal para permitir una adecuada representación en el Parlamento, de la ciudadanía en su diversidad. Aquí no hay ningún cambio en nuestra política de alianzas. Lo que aquí hay es un cambio de actitud. Y estoy convencido que la gente valora este acto republicano que significa salir de la pelea chica, los codazos y zancadillas y hablarle al país de futuro y del tipo de democracia que queremos construir”. Sobre las críticas de algunos legisladores del PS, Walker fue claro en enfatizar que “yo me entiendo con los Presidentes de los partidos de la Concertación y ellos, como también parlamentarios y dirigentes han respaldado esta iniciativa. De este lado, estamos muy claros”.

Requerido sobre un eventual portazo del gobierno a esta iniciativa tras las primeras declaraciones desde La Moneda, Walker insistió en que “si el 70 u 80 % de las fuerzas políticas no es suficiente argumento, entonces digámoslo derechamente: el gobierno desecha esta posibilidad. Pero yo no quiero pensar que ese sea el camino. Yo le pido al gobierno y al Presidente que escuchen la voluntad ciudadana”.

Finalmente, el timonel del PDC aseguró que este acuerdo es fruto de un trabajo serio, que incluso un grupo de parlamentarios del partido presentó a los ministros políticos en septiembre pasado. “Nos pidieron hasta noviembre y hoy estamos en enero y aún no tenemos una respuesta del gobierno. Este no es un arranque de última hora, ha sido un trabajo cuidadoso, que se ha llevado por la vía de un diálogo institucional y serio. Ahora está en manos del Presidente enviar ese proyecto de aquí a marzo, asumiendo el liderazgo que el país le reclama como jefe de gobierno, como jefe de Estado y también como líder de la coalición y la Democracia Cristiana siempre estará disponible para ese gran acuerdo”.

A) Nuestra realidad y el desafío:

1.- A pesar de una transición valorada en el mundo entero, y de los avances sociales y económicos evidentes, es fácilmente constatable que existe una desafección y crítica ciudadana con el sistema, que puede continuar creciendo con una baja de la participación ciudadana y una conflictividad social que puede transformarse en crónica. Dado el nuevo sistema de voto voluntario, existe un riesgo de baja participación, si es que no hay modificaciones sustanciales que convoquen al electorado.

2.- La democracia  siempre requiere de su perfeccionamiento y profundización. En la lógica de proceso, se necesita un cambio de nuestro régimen político. Ya ha transcurrido casi un cuarto de siglo del retorno del sistema democrático y la necesidad de una evaluación con un propósito definido es indispensable.

3.-La distancia respecto de la política tiene distintas causas. En este texto nos referiremos a las del sistema político y,  dentro de estas, a las más centrales.

4.-El presidencialismo exacerbado se encuentra en proceso de agotamiento. El presidencialismo norteamericano que influyó en el nuestro, está dotado de contrapesos. En Chile no existen esos contrapesos. La centralidad de ese poder presidencial, cuando se debilita, repercute en todo el sistema. Por eso se requiere descentralizar y democratizar más el poder.

5.-El presidencialismo le otorga un fuerte rol al Ejecutivo, pero el Congreso carece de un rol que sea percibido como real e importante por la ciudadanía. A su vez, los partidos padecen del mismo problema; pueden nominar e inscribir candidatos, pero en el hecho y el derecho carecen de algún otro rol efectivo. Se requiere que la “sana y buena” política de Aristóteles tenga un rol. De tal modo que esta pueda responder a las inquietudes de la ciudadanía.

6.-Una de las características de la globalización y la postmodernidad, es el aumento de la diversidad y la fragmentación: las así llamadas “tribus”, las redes, las modas singularizadas, las comunidades y otras formas de asociación voluntaria, son parte de esta caracterización de la sociedad contemporánea.

Los partidos políticos constituyen cauces de opinión que, entre otras funciones, jerarquizan los problemas para que sean abordados, pero en el proceso fuerzan una homogeneización interna que, en el pasado, fue facilitada por una fuerte carga ideológica.  Trabajar dentro de un partido resulta, en los tiempos que corren, un gravamen excesivo para una mentalidad difusa en todos los ámbitos, que busca gratificación instantánea en la vida personal y realización pronta de enfoques muchas veces estrechos. El deterioro de ciertos niveles de la educación general y la parcelación del conocimiento son factores que van en la misma dirección.  También incide para mal la distorsión que provoca la llamada “política de las cosas” que ha sido ejercida por mucho tiempo y por gobiernos de distintos signos. Esta noción socava gradualmente la idea de pertenencia a un grupo social con el cual todo ciudadano está obligado.

Hay que asegurar la gobernabilidad del país y eso significa participación.

7.-El régimen político chileno, además de ser excesivamente presidencial,  se muestra  como muy cerrado y es percibido como favorable a las dirigencias políticas. Un sistema así visto, favorece que las falencias y debilidades se desarrollen aun cuando en las elecciones se produce un alto porcentaje de renovación periódica de los elegidos, al menos en la Cámara de Diputados.

Es necesario favorecer decididamente una política de calidad, que valore la ética de la responsabilidad, en que toda autoridad  tenga un contrapoder contralor y en que se eliminen decididamente todas aquellas situaciones que distancian a la ciudadanía de la política y las instituciones.

8.-La historia es parte de la cultura de nuestros pueblos. Pero la vida de las sociedades actuales está mucho más marcada por el presente y el futuro. Los hechos de nuestra historia política reciente no han sido vividos por parte importante de nuestra  sociedad.

La historia no es suficiente  para sustentar un sistema. Ni siquiera la buena historia.

El sistema político debe ser capaz de responder al presente y los desafíos de futuro.

9.-El avance de Chile ha tenido como uno de sus fundamentos la fortaleza de sus instituciones, junto a una política reconocida como de calidad. Ha sido tradicional la valoración de nuestro sistema de partidos. Sin embargo, esta fortaleza, que al final de cuentas es el sustento de nuestra democracia, está en proceso de deterioro.

Abrirse a la realidad es una cualidad central del trabajo político a menos que, al modo totalitario, se pretenda forzarla, con efectos fácilmente predecibles.  Por eso quienes suscribimos esta declaración afirmamos que es necesario un sistema electoral que, recogiendo la diversidad, sea capaz de responder a las necesidades de la gobernabilidad. De lo contrario, existe un claro riesgo de frustrar expectativas de mayor y mejor participación.

10. Los demócratas deben asumir su responsabilidad.

Los demócratas tienen el deber de conducir el proceso político. Nadie puede quedarse en una condición de espectador. Los chilenos sabemos que los procesos no son irreversibles.

El desafío es el  fortalecimiento y perfeccionamiento de nuestra democracia,  sistema indispensable para lograr el desarrollo del país y de nuestra sociedad. La participación y representación de la voluntad ciudadana y la estabilidad  democrática, son parte de  una tarea de primera responsabilidad.

La tarea es esencialmente patriótica.

B) La magnitud de la tarea. La Reforma Política en Chile.

Dejamos expreso testimonio que el actual sistema electoral en materia parlamentaria ha significado, para algunos, un aporte a la gobernabilidad y se ha comportado de una manera razonablemente proporcional mientras que, para otros, no ha permitido representar democráticamente la voluntad ciudadana.

Sin perjuicio de las diferentes valoraciones de quienes suscriben este documento, es evidente que subsisten graves problemas de inequidad social y económica y de expectativas insatisfechas que inducen actitudes colectivas en grupos que se consideran extraños al sistema.  Por ello, quienes suscribimos este documento, estamos convencidos que es necesario abrir cauces de participación que cristalicen el sistema político en una forma comprometida con la necesidad de sustentar un gobierno, del signo que sea, que así nutrido dirija el Estado en una sintonía virtuosa del Parlamento con quienes ejerzan el Poder Ejecutivo.

Chile necesita de más y mejor democracia y eso se traduce en un nuevo régimen político de  carácter semipresidencial. Diversos estudios de especialistas y comisiones especiales de la Cámara de Diputados han arribado a ese consenso.

Un régimen semipresidencial que separe la institución de la Presidencia (Jefe de Estado) de la de Jefe de Gobierno (Primer Ministro).

Ello implica un Presidente electo por voto universal, con atribuciones exclusivas en las relaciones internacionales, la defensa nacional, y la tuición de una administración pública moderna y profesional, con funciones de moderación y arbitraje político, con facultad de disolver el Congreso una vez en su mandato, y un Jefe de Gobierno propuesto por el Presidente de la República quien deberá contar con la aprobación mayoritaria del Congreso Nacional. Este Primer Ministro se constituirá en el Jefe  de Gobierno.

El  cambio de régimen político aquí propuesto, además de las reformas que establezcan lo anteriormente descrito, implica las siguientes reformas:

1.- Potenciar y Democratizar el Gobierno Regional y Municipal.

El desarrollo de Chile, la democratización del poder, la participación ciudadana y los cauces para la diversidad, requieren descentralizar.

Esto implica las siguientes  medidas concretas:

a) Elección directa del Presidente del Gobierno Regional.

b) Elección  directa de los consejeros regionales.

c) Fortalecer las facultades de los Gobiernos Regionales, e incrementar sus recursos.

d) La creación de los Gobiernos Metropolitanos, donde las ciudades ya han adquirido ese carácter.

d) Fortalecer el rol fiscalizador de los concejales en los Municipios.

e) Implementar una norma de responsabilidad fiscal.

Todo esto en el marco de un estado nacional y unitario.

2.- Cambio del actual sistema electoral.

El nuevo régimen político y la nueva realidad requieren de  un nuevo sistema, que responda a la crisis de representación, que incluya la diversidad, posibilite la generación de acuerdos para sustentar Gobiernos mayoritarios, que evite la fragmentación excesiva y establezca la existencia de una Oposición con derechos y obligaciones.

Esto conduce a un sistema electoral proporcional corregido, que permita ampliar sustancialmente la representatividad. Alentaremos, junto a otras fuerzas políticas, el estudio de la fórmula que resulte más adecuada para dichos fines.

3.- Potenciar la calidad de la política.

Aquí las tareas son varias, entre otras: transparencia y  rol de los partidos; financiamiento público de estos; prohibición de las reelecciones indefinidas en todos los cargos de elección popular; primarias simultáneas y vinculantes; y la obligación de que los partidos sean plenamente democráticos en su práctica interna.

Todo este cambio puede ser el resultado de un proceso y de un conjunto de reformas. Lo importante es no detenerse, sino que avanzar en la construcción de los consensos y las amplias mayorías que cada una de estas reformas requieren. Todo esto marcado por la exigencia de oportunidad y rapidez.

El país requiere de estos cambios, el Presidente de la República, el Parlamento y los partidos políticos deben asumir su responsabilidad. Ahora es el momento adecuado para ello, pues la demora sólo acentuará el diagnóstico y sus peligros.

Hemos dialogado y consensuado estos contenidos, lo hemos hecho teniendo en vista el Bien Común de Chile y su pueblo.

Carlos Larraín                                                                                                                             Ignacio Walker

Presidente de                                                                                                                             Presidente del

Renovación Nacional                                                                                                   Partido Demócrata Cristiano

Santiago, 18 de enero de 2012.

Walker detalló que “hasta ayer a las 19:00 horas habían votado 52 mil personas, lo que obviamente nos tenía muy contentos. Hoy a las 12:00 horas, escrutados los votos en casi la totalidad de las comunas, podemos informar que en la primaria participaron 68.428 personas, una muy buena noticia para nuestro partido”.

El senador Walker agregó “esta cifra es absolutamente inédita en la historia electoral de nuestro país, nunca un partido político ha hecho una consulta tan amplia para elegir cargos de representación popular, en nuestro caso de alcaldes y concejales”.

En resumen 68.428 personas eligieron entre 280 candidatos que participaron en 59 comunas del país, lo que significó habilitar 107 vocales de votación y 871 mesas para elegir a los postulantes a alcaldes en 26 comunas y concejales en 46 comunas.

El presidente de la DC destacó “es un hecho inédito que claramente supera nuestras propias expectativas, con más de 50 mil personas considerábamos que este proceso era un éxito, y han votado casi 70 mil. También ha sido revelador que 80% de esos votantes no son militantes, es  decir 4 de cada 5 electores no militan, es decir son simpatizantes, adherentes, independientes, sólo el 20% es militantes”.

Walker destacó que “este ha sido un proceso participativo, transparente y autofinanciado. Aquí no hay ley de primarias, aquí no hay financiamiento público. Se financió con el aporte de los propios candidatos y eso es algo digno de resaltar”.

Entre las comunas más emblemáticas que eligieron a su candidato a alcalde se encuentran: Valparaíso, donde votaron más de 4 mil personas que eligieron a  Hernán Pinto; Concepción en la que votaron más de 5 mil personas que eligieron al concejal Alvaro Ortiz, y Maipú en que votaron más de 4 mil personas que eligieron a Cristián Vittori.

Por su parte el vicepresidente, Claudio Orrego destacó “este 2012 la ciudadanía pidió a  gritos más participación, mejor democracia y más transparencia. Si  había una deuda en la clase política era responder con hechos a esa demanda, la DC lo ha hecho de manera contundente y sin tenerle temor  al gente”.

Walker indicó “hoy hasta las 19:00 horas hemos contabilizado que 51.240 personas participaron en las primarias realizadas en 59 comunas (cabe hacer notar que en las elecciones internas de agosto de 2010, en esas mismas 59 comunas participaron 9.658 militantes)”.

Walker indicó “hoy hemos cumplido nuestro compromiso de realizar primarias transparentes y participativas. Estas son las primarias más amplias y convocantes que haya realizado un partido en Chile”.

El presidente del PDC señaló que “ha sido una jornada exitosa, el PDC se ha transformado en el partido de la gente, por cada militante votaron 5 simpatizantes, lo que confirma que este ha sido un ejercicio completamente  ciudadano”.

En estas primarias votaron 51.240 personas, entre los 271 candidatos que compitieron en 72 elecciones (27 para alcaldes, con 62 candidatos, y 45 para concejales, con 209 candidatos) que se realizaron en 59 comunas.  En 15 comunas hubo elecciones de alcaldes y concejales conjuntas.

“Sentimos que las primarias fueron un ejemplo que nos llena de alegría, vemos un partido movilizado, fuimos capaces de instalar y hacer funcionar aproximadamente 870 mesas y 107 locales de votación, en 59 comunas el país”, concluyó el Presidente del PDC.

El Presidente de la DC, señaló “como ya sabemos, a propósito del terremoto, se aumentó el impuesto a las utilidades de las empresas a un 20% con el compromiso que el 2012 bajara al 18.5% y el 2013 volviera al 17%. Pero en el intertanto para nadie es un misterio que en Chile hubo una movilización social que planteó una deuda social y que impuso una nueva agenda contra la desigualdad, hoy existe problemas que como DC queremos colaborar en resolver y para eso es necesario obtener financiamiento”.

Walker agregó “los estudios de los economistas de nuestro partido arrojan que para financiar esta nueva agenda social contra la desigualdad en régimen, pensando en el año 2020, implica entre  3 ó 4 puntos del producto, es decir, entre 6 y 8 mil millones de dólares adicionales. Le decimos al Gobierno partamos el año 2012 dando una señal potente y mantengamos  el impuesto a las utilidades de las empresas en un 20%.

El senador DC explicó que “ello implicaría, de aquí al 2013, percibir 1.200 millones de dólares adicionales. De lo contrario, si rebajamos y volvemos al 17% vamos a tener 1200 millones de dólares menos para financiar esa agenda social, además porque las estimaciones de crecimiento para este año son de un 4% y no de un 6% como tuvimos el año pasado”.

Por su parte, el senador Andrés Zaldívar señaló que “considero realmente increíble que un Gobierno que está con la situación que tiene, con la crisis internacional que hay, esté rechazando mantener ingresos. El rechazar que se mantenga el impuesto a las empresas en un 20% en este 201, ese sólo efecto, va a ser de 550 a 600 millones de dólares menos para el fisco, y eso es increíble”.

Zaldívar agregó que “cuando se tramitaron la leyes para enfrentar la catástrofe del tsumani fuimos partidarios que la tasa de impuesto que se establecía del 20% fuese permanente.  Lo dijimos de esos momentos, porque creímos que el país iba a requerir recursos adicionales a lo que estaban preocupados y no fuimos escuchados por este Gobierno.”

En tanto el diputado DC, Pablo Lorenzini, miembro de la comisión de Hacienda, señaló que “la verdad es que nos cuesta entender al Gobierno, a fines de año el Presidente pidió diálogo, pero cada vez que se le propone algo, la respuesta es no. Hoy, incluso estamos dispuestos a mantener este impuesto en forma transitoria mientras avanzamos en la reforma tributaria, pero también se nos dice que no. Cuesta entender esta actitud, más aún con el impactante nivel de desaprobación que presenta el Gobierno. El Presidente dice una cosa y sus ministros dicen otra; lo que estamos pidiendo es que al menos un ministro se siente a hablar con nuestro partido en forma seria . Estamos disponibles, y este es un tema de enorme impacto social”.

Mientras, el diputado DC José Miguel Ortíz, también integrante de la comisión de Hacienda, explicó que “aún nos quedan tres semanas legislativas, y la verdad es que aprobar este proyecto que le estamos pidiendo al Gobierno no demoraría más de tres días y sería, sin duda, una importante señal del Gobierno de querer avanzar en esta materia. No hacerlo sería una enorme irresponsabilidad, ya que con los recursos de este impuesto a las empresas se puede financiar parte importante de la Agenda Social, especialmente de las demandas estudiantiles”.

Sostengo que, en la política chilena, en el contexto de América Latina -no estamos en Europa-, en un sentido estratégico y en una perspectiva de mediano y largo plazo, la convergencia entre la democracia cristiana y el socialismo democrático y, más específicamente, el entendimiento entre la DC y el PS son la base de la gobernabilidad democrática, del progreso y el bienestar en un país como el nuestro.

Del desencuentro entre la DC y el PS se siguieron grandes males, como lo atestigua el Chile de fines de la década de 1960 y comienzos de la de 1970. Ese desencuentro -es cierto, en Plena Guerra Fría, otro contexto, otra historia- es uno de los factores que nos ayudan a explicar el quiebre democrático. Del encuentro entre la DC y el PS se han seguido grandes bienes. Ahí están las últimas dos décadas y media para atestiguarlo.

Del encuentro entre Gabriel Valdés, Ricardo Núñez y Ricardo Lagos, en 1982-83, surgió la Alianza Democrática. Del reencuentro entre Patricio Aylwin y Clodomiro Almeyda, en 1988-89, surgió la Concertación de Partidos por la Democracia. Esta alianza de centroizquierda, llamada a interpretar y representar los anhelos de una mayoría social y política, ha contribuido de manera decisiva a la paz social, la gobernabilidad democrática, el crecimiento económico y la equidad social en las últimas dos décadas.

El actual gobierno de derecha (o de centroderecha) tiene una plena legitimidad democrática, en cuanto a haber alcanzado una mayoría electoral en 2009, pero está muy lejos de haber alcanzado una mayoría social y política. Desde el Frente Popular (1938-1948) hasta los gobiernos de la Concertación (1990-2010) pareciera existir una suerte de columna vertebral, un nicho político-electoral constituido por una alianza de centroizquierda llamada a interpretar los anhelos, aspiraciones y demandas de las grandes mayorías nacionales.

No es que la Concertación tenga el monopolio de las virtudes ciudadanas y de la representación democrática. La alternancia en el poder sigue siendo una característica de la democracia representativa. Lo que ocurre es que la centroderecha pareciera tener una suerte de falla o limitación estructural, en cuanto a una dificultad para transformar la mayoría electoral en mayoría social y política.

Me alegro sinceramente de que los intentos por dar por “superada” la Concertación, surgidos desde el interior de la misma, en el curso del presente año, no hayan prosperado. La DC ha contribuido significativamente a que ello no ocurra. El documento “Nuestro Compromiso”, del 5 de octubre pasado, suscrito por los cuatro Presidentes de partidos de la Concertación, es una declaración de voluntad política llamada a hacer efectiva esta alianza de centroizquierda, en una perspectiva de futuro.

La DC tiene que asumir este compromiso sin complejos, procurando marcar su propia identidad, introduciendo el matiz, rompiendo el hielo, tendiendo puentes, mostrando cuantas veces sea necesario su verdadera vocación de entendimiento, y no de confrontación. La política de alianzas de la DC está constituida por la Concertación de Partidos por la Democracia, y así debe seguir siéndolo hacia el futuro, entendida como el germen de una nueva mayoría social y política, y de una alternativa de gobierno que va más allá de la propia Concertación, pero que encuentra en ella a su núcleo fundamental. Una alternativa que asume -y no reniega- los grandes cambios introducidos en Chile en las últimas dos décadas.

Las contiendas electorales de 2012 y 2013 tienen que demostrar que existe una alternativa -no un refrito, no un bis- a un gobierno de derecha, y que esa alternativa, en el contexto de Chile y de América Latina, está mejor servida desde una alianza de centroizquierda, democrática y progresista, que se constituya en una verdadera alternativa al neoliberalismo y al neopopulismo. Más que renegar, o dar por superada, hay que fortalecer, renovar, profundizar y proyectar una alianza de centroizquierda convertida en alternativa de gobierno.

Ignacio Walker

Presidente PDC

Walker destacó que como Democracia Cristiana, como Concertación y como oposición se está buscando una solución al problema del sobre endeudamiento de la clase media en materia de educación superior y dar un salto cualitativo en la perspectiva  de la reforma educacional. “El presupuesto del 2012 tiene que ser visto en la perspectiva de una reforma más amplia y más de fondo al tema educacional, el gobierno debe flexibilizar su postura y buscar una solución a este tema”.

El senador rechazó cualquier punto final de las negociaciones con el gobierno. “Aquí no caben los ultimátum, aquí lo que tenemos que hacer Gobierno y oposición, de cara y no de espalda al movimiento estudiantil y a la sociedad chilena, es buscar una solución al tema de una educación de calidad y equidad. Esa es la respuesta que esperamos de parte del gobierno. Valoramos la disposición que ha tenido al diálogo, pero creemos que su propuesta hasta ahora ha sido insuficiente, creemos que están los recursos, estamos actuando con responsabilidad fiscal, siempre lo hemos hecho durante 20 años”.

Consultado por los medios de comunicación sobre cómo se avanzará en la discusión, Walker aclaró: “reglamentariamente están todos los escenarios abiertos, se puede llegar a acuerdo en el Senado donde la oposición somos mayoría, se puede ir a una Comisión Mixta, se pueden rechazar los recursos y eventualmente existir un veto por parte del Ejecutivo. Hay muchas opciones abiertas, se puede abstener la oposición, pero yo no quiero poner la carreta delante de los bueyes, este no es un tema reglamentario, es un tema político. Estamos cerca de culminar una conversación, un diálogo con miras a despachar una ley de presupuesto antes del 30 de noviembre”.

Walker destacó el positivo resultado aunque señaló que hay cosas que faltan  entre ellas nombró “calidad de las instituciones y la calidad de los derechos civiles y políticos, aún estamos muy atrasados en esos aspectos en América Latina. En Chile, por ejemplo, hay una debilidad en el tema de género como lo indican muchos estudios al respecto. Yo diría que en Chile la economía anda bien y la política anda mal, muy mal”

El senador agregó que una cosa es la democracia electoral (que existe en todo América Latina con excepción de Cuba y con amenazas en Venezuela), otra cosa es la democracia representativa,  que es democracia electoral más estado de derecho, y más exigente aún es la gobernabilidad democrática que contempla la capacidad de los estados de resolver los problemas de la gente.”

El estudio evaluó a Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Chile, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela.

1. I. ACCESO MÁS IGUALITARIO A UNA EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD.
2. 1. MÁS Y MEJORES BECAS.

Principio: Garantizar gratuidad para alumnos de familias vulnerables y de clase media, que cumplan requisitos de elegibilidad académica, evitando sesgo en contra de los alumnos de menor nivel socioeconómico originado en la asignación de las ayudas estudiantiles en base exclusivamente a los resultados de la PSU.

Propuesta: Otorgar becas en educación superior a estudiantes que lleguen hasta el 7° decil de ingresos, y que cumplan los requisitos relativos a puntaje de la PSU, notas de enseñanza media (caso IP y CFT)  y/o el ranking de egreso de enseñanza media.

Implementación:

1. Asegurar los recursos y establecer en el presupuesto 2012 que las becas beneficiarán a los alumnos que pertenezcan al 70% más vulnerable de los hogares  que tengan un puntaje mínimo en la PSU; o que pertenezcan al 10% de los mejores egresados de enseñanza media de su respectivo establecimiento de educación subvencionada (municipal o particular). Tratándose de CFTs o IP se considerarán requisitos de notas de enseñanza media.

En una primera etapa, las precitadas becas se focalizarán en los alumnos de las universidades pertenecientes al Consejo de Rectores y de CFTs e IP que cuenten, en todos los casos, con requisitos de acreditación suficiente. Aspiramos a que, concurriendo los requisitos de elegibilidad que se indican mas adelante (créditos), el beneficio de gratuidad para el 70% de menores ingresos se extienda, en forma gradual y en un plazo razonable, a los alumnos de toda la educación superior (incluidos quienes estudien en universidades privadas).

1. El valor de la beca será el arancel de referencia, fijado por el Ministerio de Educación en conjunto con el Ministerio de Hacienda.
2. Las instituciones de educación superior estarán obligadas a no cobrar más que dicho arancel de referencia a todo alumno beneficiario de una beca estatal.
3. Los beneficiarios deben ser el flujo de nuevos alumnos a partir de 2012; más el stock de alumnos en educación superior señaladas en la letra a) que cumpla con los requisitos que en cada caso se establezcan.
4. Resulta indispensable crear en el presupuesto 2012 un ítem específico para becas de arancel para los estudiantes indígenas, las que se asignarán sobre la base de criterios  de reparación histórica y rendimiento escolar.
5. Respecto de los estudiantes que ingresen  en base al ranking de notas deberá otorgárseles programas propedéuticos y de nivelación para asegurar su efectiva inserción.
6. Se creará un sistema (símil al servicio país) que permita que los alumnos beneficiarios de becas retribuyan al Estado dicho beneficio. Este sistema se definirá y regulará durante el primer semestre del 2012

1. 2. SISTEMA DE CRÉDITO MÁS JUSTO.

Principio: Contar con un sistema único de crédito, focalizado en los estudiantes que no sean cubiertos con becas a fin de reequilibrar el aporte estatal y de las familias para la educación superior.

Propuesta: Crear un sistema único de crédito estudiantil, contingente al ingreso y gestionado por una agencia estatal.

Implementación:

1. Concordar con el Ejecutivo la eliminación del Sistema del Crédito con Aval del Estado (CAE) y su reemplazo por un sistema que, siguiendo el símil del Crédito Solidario, considere además de la rebaja de la tasa de interés, un pago contingente al ingreso, un período máximo de cobro, concluido el cual el crédito se extingue  y en el que su gestión esté a cargo de una Agencia Estatal.
2. Para asegurar que los cambios propuestos en el literal anterior estén operativos para la entrega de créditos en el año 2012, debe incluirse una  glosa en la ley de presupuestos.
3. Este nuevo sistema de crédito estará disponible para todos los alumnos de la educación superior que lo necesiten y cuyas necesidades no alcancen a ser cubiertas por el sistema de becas (gratuidad). La extensión de la gratuidad en los términos planteados en el punto 1 para alumnos de hasta el séptimo decil que cursen estudios en universidades privadas estará condicionada a que dichas casas de estudio cumplan exigencias claras: acreditación institucional y de carrera; transparencia activa y pasiva en el uso de los recursos; publicación de sus balances contables; control de la Contraloría General de la República; cumplimiento de la exigencia de no lucro; respeto a la libertad de cátedra; garantías derecho asociación a todos los miembros de la comunidad educativa.
4. El Ejecutivo remitirá -en un plazo de 120 días contados desde la aprobación de la ley de Presupuestos- a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos un informe sobre la situación financiera y sociedades de inversión de las instituciones de educación superior a que se refiere el artículo 53 de la LEGE.
5. Avanzar en la reprogramación para estudiantes morosos.

1. 3. REGULACIÓN DE ARANCELES.

Principio: Bajar los aranceles de educación superior, impidiendo que continúe el alza sostenida de precios, para evitar que los estudiantes tengan que endeudarse con la banca privada para cubrir las brechas entre los aranceles de referencia y los efectivos, acotando el compromiso de recursos públicos para becas y créditos a niveles asociados al costo real de entregar una educación de calidad.

Propuesta: Crear un mecanismo independiente y transparente que regule los aranceles de las entidades de educación superior, evitando que los enormes gastos de publicidad de las instituciones de educación superior se consideren en los costos para efectos de determinar el valor de una educación de calidad.

Implementación:

1. En presupuesto 2012, mediante glosa, exigir que las instituciones de educación superior no le puedan cobrar a los estudiantes con becas y créditos estatales más que el arancel de referencia fijado por el Ministerio de Educación en conjunto con el Ministerio de Hacienda.
2. Crear un sistema en régimen con un mecanismo definitivo que permita la fijación objetiva y transparente para la determinación de los aranceles de las instituciones que reciban alumnos con apoyo estatal a fin de acotar las brechas existentes, velando por no generar escalada artificial de costos. Este sistema debiera considerar algoritmos predeterminados para la fijación de los aranceles, y su revisión por parte de un comité de expertos, dirigido por el Ministerio de Educación.

1. 4. MAYORES EXIGENCIAS DE CALIDAD.

Principio: Es indispensable reconstruir el sistema de aseguramiento de la calidad de las instituciones de educación superior y pertinencia de las carreras que estas imparten. Ni el Estado ni las familias deben comprometer recursos en instituciones que no cumplan con adecuados estándares de calidad.

Propuesta: Exigir un Nuevo Sistema de Acreditación para que las instituciones de educación superior puedan recibir recursos estatales, ya sea de manera directa, por franquicia, o a través de los instrumentos de financiamiento estudiantil.

Implementación:

1. Durante el primer trimestre del 2012, requerir el envío de un proyecto de ley que reemplace el actual sistema de acreditación institucional, creando un nuevo sistema de acreditación que sobre la base de estándares internacionales cautele, entre otras materias, los potenciales conflictos de interés entre los acreditadores y las instituciones; considere los resultados de los egresados; incluya un sistema ad-hoc de acreditación para la educación técnica y sea administrado por una agencia estatal.

1. 5. NUEVO TRATO DEL ESTADO CON LA EDUCACIÓN SUPERIOR.

Principio: Fortalecer la educación pública.

Propuesta: Crear aportes basales para todas las instituciones estatales por el hecho de ser tales y aumentar progresivamente el aporte fiscal directo (AFD) para las 25 universidades del CRUCH, contra regulación de aranceles. Establecer que el aporte basal sea mediante la celebración de convenios de desempeño. Asimismo, dichos aportes debieran estar enfocados en permitir que las Universidades Estatales cuenten con planes de expansión tanto en materia docente como de investigación y extensión.

Implementación:

1. En presupuesto 2012, crear asignación de financiamiento basal para las universidades estales, con regla de distribución objetiva y considerando convenios de desempeño.
2. En el presupuesto 2012, además dar una señal de aumento del AFD para las 25 Universidades del CRUCH, incrementándolo en un 10% real y en un 5% real los años siguientes.
3. En el presupuesto 2012 reestablecer el porcentaje de asignación (80% universidades CRUCH-20% resto instituciones) del Fondo de Desarrollo Institucional.
4. Requerir al Ejecutivo el envío de un proyecto de ley que ordene el sistema de aportes a las instituciones de educación superior, considerando modernizar el Aporte Fiscal Directo (AFD); reformulación del Aporte Fiscal Indirecto (AFI), y nuevos aportes basales para las universidades estatales.
5. Solicitar al Ejecutivo que remita a la brevedad el proyecto de ley comprometido en el protocolo del año pasado relativo al nuevo trato con las Universidades Estatales, que contemple, entre otros, el mejoramiento de sus gobiernos corporativos y metas claras de desempeño asociadas a los aportes fiscales.
6. Concordar una nueva relación del Estado con los pueblos originarios, promoviendo una educación intercultural, que contemple:

• La entrega, antes de junio de 2012, un proyecto para el reconocimiento de los hogares indígenas.
• La reestructuración de las becas de manutención indígenas considerando un aumento en cobertura.

1. II. FORTALECER EDUCACIÓN ESCOLAR PÚBLICA Y DE CALIDAD.
2. 6. FINANCIAMIENTO EDUCACIONAL

Principio: Contar con un sistema de educación público, nacional, descentralizado, participativo, inclusivo y gratuito qué reemplace el actual sistema de municipalización, preparando la transición e impidiendo la profundización de la crisis de la Educación Pública.

Contar con un financiamiento educacional consistente con entregar una educación de calidad, que considere además las características de los alumnos que influyen en el costo de su educación.

Propuesta: Se debe reformar y crear un aporte estatal base a los establecimientos públicos en función de una educación de calidad; actualizando también el valor de la subvención base en función de los costos de una educación de calidad y en la línea del compromiso presidencial de duplicar la subvención escolar. Este mayor aporte fiscal, debe reemplazar gradualmente el financiamiento compartido, hasta su desaparición.

Implementación:

1. Implementar durante el 2012 un Plan de Revitalización de la Educación Pública, orientado básicamente a:

• Plan de Fortalecimiento Equipos Directivos.
  • Disponibilidad horaria para que los docentes efectúen una la adecuada preparación de las clases.
  • Reorientación de los recursos contemplados en el Plan de Apoyo Compartido.
  • Infraestructura y  capacidad técnico pedagógica del establecimiento.
  • Desarrollo de actividades deportivas y culturales.
  • Disminución de alumnos por curso.

1. El Ejecutivo debe dar a conocer a la brevedad el informe comprometido en el protocolo que acompañó a la ley de Calidad y Equidad, sobre el costo de una educación de calidad, el que debe servir como determinante para el nuevo esquema de financiamiento.
2. En función de dichos resultados, concordar con el Ejecutivo un protocolo para un adecuado financiamiento que, entre otros, considere un cronograma de crecimiento de la subvención que, en la línea del compromiso del Ejecutivo por duplicarla,  permita que ésta alcance – a la brevedad- un  nivel adecuado.
3. Consistentemente, el Ejecutivo debería enviar un proyecto de ley, antes de abril de 2012, consignando un nuevo modelo de inversión que considere: i) financiamiento garantizado a la educación pública; ii) aumento progresivo de la subvención; iii) otorgamiento de la subvención considerando la variable de matrícula y asistencia; asegurando el  financiamiento del costo operativo;  iv) un mecanismo para su reajuste en función de los costos de entregar una educación de calidad, y v) la eliminación gradual del financiamiento compartido, partiendo –en el presupuesto 2012- por su desacoplamiento del aumento de subvención.
4. Asimismo, en el presupuesto 2012 se tomarán medidas necesarias para impedir la expansión irracional de nuevos establecimientos particulares subvencionados en zonas saturadas, impidiendo que la sobreoferta escolar siga profundizando el desfinanciamiento de los establecimientos ya existentes.
5. Incorporar, en el presupuesto 2012, la obligación del MINEDUC de publicar en su web respecto de los sostenedores que reciben subvención o aporte del Estado: i) los balances contables de los establecimientos; ii) la declaración de intereses y patrimonio de los sostenedores; iii) las transacciones que dichos establecimientos tengan con entes relacionados; iv) las remuneraciones del personal docente, asistente de la educación y directivos. Todo ello con el fin de garantizar la adecuada transparencia en el uso de los recursos.
6. Rechazar la entrega discrecional de recursos para infraestructura y reconstrucción de los establecimientos con fines de lucro.

1. 7. FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN TÉCNICO-PROFESIONAL PARA TRANSFORMARLA EN UNA PRIORIDAD PAIS.

Principio: El país necesita contar con recursos humanos de alta calificación en el ámbito técnico-profesional. Ello no sólo es clave para aumentar la competitividad de nuestro país, sino que también permite mejorar la generación de ingresos de parte importante de los jóvenes.

Propuesta: Evaluar y fortalecer la educación técnico-profesional, considerando las sugerencias del panel constituido en función del compromiso adquirido en el protocolo que acompañó la ley de presupuestos del año 2011 y en el Informe Turquesa.

Implementación:

1. En el presupuesto 2012, aumentar recursos para la educación técnico-profesional al nivel real que tenían en el presupuesto 2010 (infraestructura; becas; formación de profesores, etcétera), comprometiendo itinerario de crecimiento para los años siguientes.
2. Generar sistemas de acceso a la educación superior para permitir que los estudiantes puedan continuar sus estudios después de egresados de la enseñanza media en carreras técnicas de nivel superior o profesionales.

1. Generar mecanismos que permitan evaluar a fondo la situación de los establecimientos regidos por el del Decreto Ley N° 3166, administrados por más de 30 años por instituciones gremiales privadas, y exigir para ellos en este presupuesto niveles de transparencia y aseguramiento de la calidad.

1. Hacer una evaluación de las condiciones en que los estudiantes que egresan de la educación técnica profesional realizan sus prácticas profesionales.

1. Requerir al Ejecutivo que en el año 2012 efectúe una propuesta para crear una red estatal de formación técnica que de mayor continuidad al sistema, desde la etapa escolar hasta la superior, especialmente allí donde no existiere una oferta de calidad.

1. III. FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN PREESCOLAR
2. 8. AUMENTAR LA COBERTURA Y MODERNIZAR LA INSTITUCIONALIDAD PREESCOLAR

Principio: La educación preescolar es una prioridad nacional, tiene alta rentabilidad social, genera igualdad de oportunidades y reduce las brechas para los niveles educacionales posteriores.

Propuesta: Aumentar el presupuesto de educación preescolar para que permita alcanzar la meta de cubrir al 60% de la población de menores ingresos.

Implementación:

1. En el presupuesto 2012 establecer glosa que exija al Ejecutivo informar periódicamente la cobertura preescolar, por región y por nivel socioeconómico, y que además considere la posibilidad de suplementar recursos en caso que falten para avanzar en  cubrir al 60% de la población de menores ingresos. Para ello  se deberán, a lo menos, duplicar los cupos propuestos por el Ejecutivo.
2. Contemplar recursos para la creación y expansión de jardines de la JUNJI en aquellas zonas donde exista mayor demanda de cobertura.
3. Asignar los recursos necesarios para garantizar la calidad de los servicios prestados (coeficientes técnicos, fiscalización, condiciones laborales de las profesionales y técnicas etc.).
4. Solicitar al Ejecutivo el envío de un proyecto de ley sobre nueva institucionalidad del sector preescolar público, antes de junio de 2012.

1. IV. COMPLETAR LA RECONSTRUCCIÓN.
2. 9. GARANTIZAR LOS RECURSOS PARA LA RECONSTRUCCIÓN Y EXIGIR RENDICIÓN DE CUENTAS DEL EJECUTIVO

Principio: Los estudiantes damnificados por el terremoto y maremoto de febrero de 2010 no pueden seguir esperando a contar con sus establecimientos educacionales operando en plenitud, pues ello puede generarles brechas respecto del resto de los estudiantes que se reflejen en sus oportunidades futuras.

Propuesta: Garantizar contar, al más breve plazo, con los proyectos para una adecuada reposición de la infraestructura escolar (incluidos jardines infantiles de Junji e Integra)  dañada por el terremoto y maremoto, a fin de evitar el cierre o fusión de establecimientos públicos.

Implementación: En el presupuesto 2012, incorporar glosa que exija rendir cuentas periódicas sobre el avance en la reconstrucción, no sólo desde el punto de vista contable sino que también del avance físico de las obras. Considerar también la posibilidad de suplementar recursos en caso que falten para culminar la reconstrucción.

1. LA EDUCACIÓN REQUIERE RECURSOS SUFICIENTES PARA ESTAR A LA ALTURA DE UN NIVEL DE DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUITATIVO.

10. FINANCIAMIENTO SUSTENTABLE DE LA REFORMA EDUCATIVA

Principio: La reforma educativa genera gastos permanentes que requieren de una inyección importante de recursos, los que responsablemente deben ser financiados con ingresos también permanentes.

Propuesta: Construir un verdadero Fondo de Reforma de la Educación (FRE), con reglas claras de funcionamiento (como las tiene el Fondo de Reserva de Pensiones) y con recursos permanentes que permitan afrontar los desafíos de la reforma educativa en sus distintos niveles.

Implementación:

• Regulación  del Fondo debe quedar establecida en una ley permanente, por lo que debe rechazarse el Fondo de Educación propuesto en la ley de presupuestos 2012 en el Tesoro Público, de duración anual, exigiendo que el Ejecutivo ingrese un proyecto de ley para regular el FRE a más tardar en enero de 2012.
• Las características del FRE deben ser análogas a las del Fondo de Reserva de Pensiones, es decir, con claras reglas de aporte y de retiro de recursos, con normas para su administración financiera, con la exigencia de estudios actuariales para determinar su tamaño óptimo, y con obligaciones de transparencia y rendición de cuentas.
• Las finalidades del FRE deben ser determinadas por ley, y deben incluir exclusivamente el financiamiento de programas educacionales, tales como aumento de becas de educación superior, aumento de cobertura de educación preescolar, aumento de subvención educación general, fondos basales para las universidades estatales y para los establecimientos públicos del nivel escolar y preescolar.
• El tamaño óptimo del fondo, y su evolución en el tiempo, dependerá de los compromisos específicos que incluya la reforma educacional (parte de los cuales se enuncian en los puntos anteriores de este documento) y de la evolución esperada de la población beneficiaria. Su financiamiento debe provenir de ingresos fiscales permanentes. Dicho Fondo deberá contemplar recursos para el:

Corto Plazo. Se debe mantener el impuesto a la renta en un 20% con el objeto de financiar las medidas inmediatas (se incorporará artículo en la ley de presupuestos del 2012). Podrá incluir además  parte de los recursos empozados en el fondo para adquisición de armamento;  recursos provenientes del Tesoro Público o el FESS.

Mediano Plazo. Realizar a partir del año 2013 una reforma tributaria integral que permita financiar de manera responsable los desafíos asociados a una verdadera reforma educativa como la que proponemos, iniciando su discusión a la brevedad.

Cabe consignar que esta propuesta es plenamente compatible con la definición contenida en otras importantes iniciativas destinadas a mejorar la calidad y equidad de la educación chilena, con énfasis en el fortalecimiento de la educación pública y debida regulación de la educación privada, las que respaldaremos con fuerza, tales como:

• Las reformas que resguarden constitucionalmente a la educación como un bien público, que den precisión y protección al derecho a la educación y que se orienten a la regulación del sistema privado de educación.
• Los proyectos que buscan impedir el lucro con fondos públicos en educación.
• El fin de la municipalización.
• El fortalecimiento de la carrera docente.

El gobierno del Presidente Piñera ha cerrado el paso a las reformas y ha buscado derrotar al movimiento estudiantil en lugar de escucharlo. Ha querido transformar el movimiento estudiantil en un “problema” de orden público, ha apostado a su desgaste y ha pretendido endosar el tema al Parlamento, eludiendo su propia responsabilidad como gobierno. Dicha actitud se ha reiterado en la presentación del Presupuesto 2012, que no introduce ningún cambio relevante y contiene el reajuste más bajo de los últimos años en el ámbito de la educación (el gobierno propone un reajuste del 7,2%, lo que contrasta con el 13% que, en promedio, se aprobó como reajuste de le educación bajo el gobierno de la Presidenta Bachelet).

Como partidos políticos y parlamentarios de oposición nos asiste el deber de actuar unidos y con firmeza ante esta situación. Compartimos las principales demandas que el movimiento estudiantil y la sociedad chilena han planteado en este campo y nuestro rol consiste en abrir paso a esas reformas que Chile está esperando. Con ese propósito, hemos acordado trabajar juntos y coordinar diversas iniciativas legislativas y políticas que ayuden a destrabar las demandas educacionales. Ello incluye una plataforma común para enfrentar la discusión del Presupuesto 2012, que se traducirá en un planteamiento claro al gobierno y en una acción decidida para lograr que éste contenga las prioridades y el incremento de los recursos necesarios para responder a las aspiraciones que los chilenos mayoritariamente compartimos.

Este documento resume los principales acuerdos que hemos logrado respecto a la orientación que debe tener la reforma a la educación y en los próximos días daremos a conocer la expresión concreta que ello debiera alcanzar en el Presupuesto 2012.

1. EDUCACIÓN PÚBLICA  Y FORTALECIMIENTO DEL DERECHO A LA EDUCACIÓN:

Daremos respaldo y prioridad a las reformas que resguarden constitucionalmente a la educación como un bien público, que den precisión y protección al derecho a una educación de calidad y que se orienten a la regulación del sistema privado. El Ministerio de Educación debe cumplir a cabalidad su rol como ente rector del sistema educativo. La libertad de enseñanza no puede seguir teniendo supremacía respecto al derecho a la educación, el cual está hoy definido en forma débil y no cuenta con instrumentos eficaces para asegurar su protección.

2. FIN AL LUCRO CON FONDOS PUBLICOS EN EDUCACIÓN:

Buscaremos aprobar los proyectos que buscan poner fin al lucro con fondos públicos en la educación.

Ello debe traducirse en un sistema serio y transparente de fiscalización en el caso de las universidades, donde el lucro está prohibido, sancionando a las instituciones que infrinjan la ley. Respecto de los institutos profesionales, centros de formación técnica, y de los establecimientos de la educación particular subvencionada, hay que establecer un proceso gradual que asegure el término del lucro con fondos públicos.

En el Presupuesto 2012 presentaremos indicaciones para garantizar que en el intertanto se exija transparencia total, y una adecuada fiscalización, en el manejo financiero de los establecimientos educacionales. Exigimos que el ministerio de educación cumpla desde ahora, el deber establecido en el sistema de aseguramiento de la calidad, en tanto se implementa la nueva institucionalidad que prevé dicho sistema (Superintendencia y Agencia).  El mismo ente deberá implementar un  registro público con balances y estados financieros de los sostenedores.

Conjuntamente, las instituciones educacionales  deberán garantizar el derecho a la organización y participación de los estamentos en sus respectivas comunidades.

3. FIN A LA MUNICIPALIZACIÓN Y CREACIÓN DE UN SISTEMA NACIONAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA ESCOLAR

Como oposición, formularemos una propuesta propia, en diálogo con los actores sociales, que contenga nuestra visión respecto a cuál deberá ser el nuevo régimen de la educación pública en el ámbito preescolar y escolar. En particular, no aceptaremos que la educación pública se desmiembre en diversas modalidades inconexas. Como oposición somos partidarios de que la nueva institucionalidad contemple un Sistema Nacional de Educación Pública, que sea autónomo y descentralizado, pluralista, laico y democrático.  Lo anterior implica establecer una responsabilidad clara y exigible del Ministerio de Educación en términos de garantizar el buen funcionamiento, el financiamiento, la calidad y equidad del sistema, resguardando un funcionamiento descentralizado y con participación de las comunidades locales.  La transición al nuevo sistema deberá hacerse de manera tal de evitar la generación de una deuda histórica producto de este cambio institucional.

4. GRATUIDAD EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR HASTA EL SEPTIMO DECIL, SISTEMA DE CRÉDITOS BLANDOS, Y GARANTÍA DE ACCESO PARA ESTUDIANTES MERITORIOS

Debe existir un solo sistema de becas y créditos para los estudiantes de educación superior.

El CAE (Crédito con Aval del Estado) deberá ser sustituido hasta alcanzar los estándares del actual crédito solidario y ser accesible desde el inicio a todos los estudiantes de educación superior. Dicho sistema deberá asegurar que el cobro del crédito sea contingente al ingreso, para garantizar que las cuotas nunca excedan un cierto porcentaje de los recursos percibidos mensualmente, y que tengan un periodo máximo de cobro, después del cual el crédito se extinga. Además, se deberá establecer que el nuevo crédito sea gestionado por una agencia pública.

El sistema de becas deberá otorgar de manera efectiva la gratuidad, en los términos que se indica a continuación. En una primera etapa, aspiramos a garantizar gratuidad para los estudiantes hasta el séptimo decil de menores ingresos que cursen estudios en las universidades pertenecientes al Consejo de Rectores, en el entendido que las casas de estudio que se beneficiarán con dicho aportes se encontrarán sometidos a controles y regulaciones públicos más rigurosos. Concurriendo los requisitos de exigibilidad, este beneficio se extenderá, en forma gradual y en un plazo razonable, a los estudiantes pertenecientes hasta el séptimo decil de menores ingresos de toda la educación superior. Así también, se deberán considerar apoyos adicionales a las familias de los últimos 3 deciles cuando cuenten con varios hijos en la educación superior y su nivel de recursos lo haga necesario.

Para que el nuevo sistema de financiamiento de las ayudas estudiantiles propuesto antes, se haga extensivo a los estudiantes pertenecientes a las otras instituciones de educación superior no incluidas en el Consejo de Rectores, esas instituciones estarán condicionadas al cumplimiento de un conjunto de requisitos mínimos. Entre estos:

a)    Acreditación de instituciones y carreras;

b)    Hacer efectiva la prohibición de lucrar que hoy obliga a las universidades;

c)    Garantía de la libertad de cátedra;

d)    El derecho de asociación y organización de las comunidades educativas, y;

e)    Transparencia activa y pasiva en el uso de los recursos, la que debiera operar para toda la educación superior a la creación y puesta en operación de la superintendencia de educación superior.

Todo lo anterior, vinculado a un sistema de acreditación que asegure estándares más rigurosos, defina con seguridad y rigor el principio de calidad, considere los resultados de los egresados de estas instituciones y fortalezca el rol de la agencia pública encargada del tema a través de la creación de una Superintendencia de Educación Superior.

En el Presupuesto se deberá avanzar hacia una mayor exigencia en materia de acreditación de las instituciones que utilicen los instrumentos de financiamiento estudiantil en tanto el ejecutivo no envíe el proyecto de ley para perfeccionar el actual sistema.

Además, las nuevas ayudas estudiantiles deberán estar vinculadas a un mecanismo de control de los aranceles, ejercido desde el ministerio de Educación en base al informe de una comisión independiente, para evitar que éstos sigan subiendo sin fundamento. Las instituciones de educación superior que reciban a los estudiantes poseedores de estas ayudas estudiantiles, no podrán realizar cobros adicionales por este concepto.

Por otra parte, exigiremos que en el Presupuesto se destinen los recursos necesarios para poner en marcha una nueva modalidad de acceso a la educación superior destinada a los estudiantes destacados o meritorios de los establecimientos que reciben financiamiento público, orientada a mitigar las distorsiones e inequidades del sistema PSU. Para ello, nos proponemos como meta llegar a que un 10% (la ley actual habla de 5%) de alumnos que puedan acceder a la educación universitaria en base al ranking de notas de la educación media, con programas propedéuticos y de nivelación que garanticen su inserción efectiva. Para garantizar la inserción de estos alumnos, proponemos que las universidades del Consejo de Rectores deban reservar un porcentaje de su matrícula para esta modalidad de acceso.

El nuevo sistema de becas deberá contemplar modalidades de retribución a la comunidad de los egresados que hayan recibido estos beneficios.

5. MAYOR COMPROMISO DEL ESTADO EN EL FINANCIAMIENTO INSTITUCIONAL UNIVERSITARIO Y NUEVO TRATO A LAS UNIVERSIDADES DEL ESTADO

En materia de financiamiento universitario, el gobierno debe cumplir los compromisos ya adquiridos, que incluyen recursos especiales para la reconstrucción, fondos para las ciencias sociales, programas de retiro para académicos, aportes extraordinarios para las universidades estatales y las del Consejo de Rectores. No permitiremos que en este presupuesto se intente nuevamente abrir los instrumentos de financiamiento antes referidos a todas las instituciones sin distinción, porque ello solo redunda en un desfinanciamiento de las universidades tradicionales.

Somos partidarios de dar una señal clara de reajuste de los fondos del Aporte Fiscal Directo (AFD), destinado a todas las universidades del Consejo de Rectores, incluyendo mecanismos para corregir su asignación, haciéndola más equitativa considerando especial atención a las universidades regionales.

Junto con ello, en este presupuesto deben crearse Aportes Basales para las Universidades Estatales. Estos se justifican en que dichas instituciones en su misión expresan las prioridades que el Estado acuerda con las instituciones que le pertenecen, en la perspectiva del desarrollo nacional y regional, resultados de calidad exigibles respecto de los profesionales y técnicos que forman y que debieran estar enfocados a hacerlas crecer y ampliar sus actividades tanto en materia docente como de investigación y extensión, así como a garantizar su carácter intercultural, siempre sobre la base de la responsabilidad financiera.

6. MEDIDAS INMEDIATAS A NIVEL DE LA EDUCACIÓN ESCOLAR Y PARVULARIA

En el Presupuesto se debe garantizar una adecuada reposición de la infraestructura escolar dañada por el terremoto. Existe preocupación porque el presupuesto del programa 02 (de Infraestructura educacional) cae 17,5% respecto de la ley 2011, y presenta una baja ejecución a agosto (23,5% respecto del presupuesto aprobado; 27,8% respecto de presupuesto ajustado).

Somos partidarios de un Plan Inmediato de fortalecimiento de la educación pública escolar que permita avanzar en las tareas más urgentes a la espera de la puesta en marcha de la nueva institucionalidad que reemplazará a la municipalización. Es necesario destinar recursos adicionales significativos para este objetivo. Entre otros objetivos, dicho plan debiera enfocarse a tareas como la reducción del número de alumnos por curso ahí donde sea necesario, el fortalecimiento de los equipos directivos para permitir que los directores se concentren en el liderazgo educativo derivando las tareas administrativas, la asignación de mayor cantidad de horas para la preparación de clases a los profesores y el desarrollo de actividades deportivas y culturales.

Ingresaremos indicaciones destinadas a establecer requisitos claros para la creación de nuevos establecimientos particulares subvencionados, para impedir que la sobre-oferta escolar siga profundizando el desfinanciamiento de los establecimientos ya existentes. Así también, exigiremos que se reconozcan y respeten los beneficios por los profesores en materia de bono post laboral y de incentivo al retiro.

Además, buscaremos avanzar en el progresivo aumento de los recursos para la educación escolar para alcanzar un nivel que garantice los costos de operación de las escuelas en el estándar de calidad que aspiramos para Chile. Ello nos permitirá ir disminuyendo el financiamiento compartido, hasta su extinción, por llegar a ser innecesario. Del mismo modo, impulsaremos el cambio del sistema de subvenciones para lograr su sustentabilidad y evitar la inestabilidad y el déficit que hoy enfrentan muchos establecimientos debido a las fluctuaciones del financiamiento en base a la asistencia.

Asimismo, se deberá reponer la prioridad -abandonada por el actual gobierno en el presupuesto 2011- en materia de educación parvularia, para lo cual se debe aumentar progresivamente el presupuesto asociado a fin de que se alcance, a lo menos, la meta de 60% de menores ingresos de la población y la universalización de pre-Kínder y Kínder, que son los objetivos planteados en la Ley Chile Crece Contigo. Adicionalmente, se deben inyectar los recursos necesarios para garantizar la calidad de los servicios prestados (coeficientes técnicos, fiscalización, etc.).

7. REFORMA PROFUNDA A LA EDUCACIÓN TÉCNICO PROFESIONAL PARA TRANSFORMARLA EN PRIORIDAD DEL PAÍS.

En este Presupuesto se deben dar las primeras señales a favor de una verdadera reforma a la educación técnico-profesional.

Es necesario actualizar la oferta de carreras en este sector y modernizar las existentes. Hay muchos ámbitos laborales de alto interés y proyección que no están siendo cubiertos. Tanto en estas nuevas especialidades como en las existentes, se debe hacer una inversión sustantiva en el mejoramiento de la infraestructura, la tecnología y los insumos con que trabajan los estudiantes y en el perfeccionamiento de los docentes que las imparten, contando con una adecuada regulación.

Somos partidarios de evaluar la situación de los establecimientos del Decreto 3166, asegurando niveles mínimos de transparencia y aseguramiento de la calidad.

Las nuevas políticas de acceso a la educación superior deben poner especial énfasis en llegar a este sector y permitir que los estudiantes puedan continuar sus estudios después de egresados de la enseñanza media.

Proponemos como política la creación de una red de centros de formación técnica e institutos profesionales de carácter estatal, ello en las regiones donde existan necesidades de esta modalidad de formación. Acompañado a esta iniciativa se debe realizar una revisión de los mecanismos de transición y acceso desde la enseñanza media, de los mecanismos de acreditación de los establecimientos y las carreras que imparten.

Todo lo anterior debe expresarse en mayores recursos en el Presupuesto 2011. Como mínimo, se debiera llegar a los niveles presupuestarios del año 2010 que inexplicablemente fueron rebajados el año anterior y que, si bien experimentan un aumento en el proyecto de presupuesto 2012, aún no se equiparan con el piso del 2010.

8. REFORMA TRIBUTARIA PARA GARANTIZAR UN FONDO NACIONAL PARA LA EDUCACÓN QUE FINANCIE REALMENTE Y EN FORMA SUSTENTABLE LOS REQUERIMIENTOS DE LA REFORMA

Para hacer posibles metas de la profundidad que estamos proponiendo, es indispensable construir un Fondo de Reforma de la Educación real, permanente, con reglas claras de funcionamiento (como las tiene el Fondo de Reserva de Pensiones) y con recursos estables que permitan afrontar los desafíos de la reforma educativa en sus distintos niveles.

En lo inmediato, haremos ver al gobierno que debe mantener el impuesto a la renta en un 20% con el objeto de financiar en parte las medidas inmediatas que deben tomarse en respuesta a los cambios que el país espera en materia educacional. Así también, propondremos que una parte de los recursos empozados en el fondo para adquisición de armamento que se forma con el 10% de los recursos del cobre que van a las FFAA, se destine a financiar la reforma educacional (tal como se hizo el año pasado con el terremoto).

Somos partidarios de impulsar una reforma tributaria que nos permita generar los mayores recursos fiscales necesarios para dar sustentabilidad fiscal en el mediano plazo a este Fondo, garantizando ingresos permanentes para gastos permanentes. Dicha reforma deberá permitir una estructura tributaria más justa, que no sólo aumente la recaudación de recursos públicos sino que distribuya de una forma más equitativa la carga fiscal.

Nuestro compromiso con esta Reforma va más allá de lo que logremos avanzar en el actual gobierno. Por ello, establecemos desde ya que ésta será una prioridad de nuestros respectivos proyectos de gobierno, y estará al centro de los programas de nuestros candidatos presidenciales.